El Tribunal de Cuentas investiga presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Guía

Pagos por más de 333.000 euros en contratos vencidos
y sin fiscalización del Interventor municipal comprometen la gestión de
Alfredo Gonçalves
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a petición de Pedro
Rodríguez mediante el ejercicio de la acción pública, ha admitido a trámite
la denuncia sobre presuntas irregularidades en pagos ordenados por el
alcalde Alfredo Gonçalves. El Tribunal ha dado traslado al Ayuntamiento
de Guía para alegaciones, y nombrar un delegado instructor para investigar
los hechos denunciados, procediendo posteriormente a dar audiencia al
Ministerio Fiscal.
La acción pública se ejercita por los pagos realizados en abril y mayo de
2025, por un importe total de 333.064,48 euros, ejecutados con omisión de
fiscalización del Interventor municipal. Dichos pagos corresponden a
contratos vencidos y no prorrogados en tiempo y forma, que debieron ser
objeto de nueva licitación.
Según se expone, se ha convertido en una práctica sistemática habitual en
el Ayuntamiento de Santa María de Guía quebrantar el ordenamiento
jurídico contractual y presupuestario, adoptando acuerdos de contrataciones
interinas de contratos ya vencidos que no pueden ser prorrogados, como
medida provisional, sin amparo ni cobertura legal alguna, en fraude de ley
y sin contar con el informe previo de la intervención municipal
El Interventor municipal, en su función de fiscalización, reparó estos pagos,
pero el alcalde, Alfredo Gonçalves, recurrió al Secretario Accidental de la
Corporación, funcionario con categoría de auxiliar administrativo, para que
emitiera informes que aparentasen dar validez a las resoluciones de
Alcaldía. Dichos informes certificaban la correcta prestación de servicios
como suministros de comida para Servicios Sociales, vigilancia, limpieza,
mantenimiento o dinamización del Mercado Municipal, cuando ni siquiera
controla los suministros o servicios al no recibirlos. Además, el Secretario
Accidental carece de la titulación académica exigida para garantizar las
funciones de asesoramiento legal preceptivo, según el Real Decreto de
Habilitados Nacionales, por lo que este informe da ropaje o apariencia a la
resolución de Alcaldía para soslayar el informe del órgano interventor debe
ser objeto de investigación.