Denuncia de «caos provocado» y desmantelamiento de los Servicios Sociales en Canarias

Los Comités de Empresa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y
Familias denuncian el “caos provocado” y el “apagón democrático” en la Consejería, como
estrategia para desmantelar los servicios sociales en Canarias.
El equipo de Gobierno ignora durante dos años a los Comités de Empresa y a su personal,
mientras el colapso en la gestión provoca un récord de bajas laborales y la desprotección de los
colectivos más vulnerables.

La Consejería de “Bienestar Social” más centrada en recortes que en el bienestar de los usuarios, no
sólo está desmantelando los Servicios Públicos; está quebrantando a las personas que durante
décadas y pese a las muchas dificultades, la han sostenido. Bajo una estrategia de silencio
administrativo sistemático y a golpe de instrucciones no consensuadas, el actual equipo de
Gobierno lleva más de dos años haciendo caso omiso a las denuncias de los representantes de los
trabajadores y de las trabajadoras, vulnerando el derecho fundamental a la negociación colectiva y a
la información. Lo llaman Estado de Derecho y Democracia, muy irónico.
Esta dejación de funciones no es casual, ni se debe a la falta de personal como siempre argumentan,
pasándose la pelota entre las Jefaturas, Directores/as y otros responsables de las diferentes áreas. Al
ignorar las evaluaciones de riesgos psicosociales y/o bloquear las solicitudes de adaptación al
puesto de trabajo por motivos de salud, la Administración fuerza a que se le dé la baja al trabajador
o trabajadora. Se trata de un “caos provocado”, dando lugar a la desmotivación, apatía y
desesperación de unos profesionales exhaustos, cuya carga de trabajo, además de la emocional –
trabajar con menores, personas con dependencia y/o discapacidad, en riesgo de exclusión social etc
-es utilizada por la propia Consejería como moneda de cambio para justificar la privatización.
Nos encontramos, por tanto ante una evidente mala fe institucional al promover la Administración
un entorno de violencia administrativa y burocrática, donde el silencio no es un olvido sino una
herramienta de gestión que perjudica a usuarios/as y trabajadores/as.
Y mientras se publicitan acciones menores para distraer a la opinión pública, la realidad interna y
para el ciudadano es bien distinta, y por ello ambos Comités denunciamos y damos a conocer la
realidad de los diferentes servicios de la Consejería.
En Dependencia, pese a los cambios normativos, la reestructuración del personal, la externalización
de gran parte del procedimiento y las contrataciones temporales, las listas de espera apenas se han
reducido y la creación de servicios públicos sigue siendo insuficiente, provocando un aumento de
ocupación de camas hospitalarias. Por otro lado, el sector privado sigue sin poder asumir la actual
demanda de servicio de ayuda a domicilio, el cual iba a favorecer la permanencia del usuario en su

entorno habitual, dando lugar a miles de desistimientos, sin que en muchos casos, el propio usuario
sea consciente de ello.
Mientras, en Discapacidad nos encontramos con menores de 1 año a los que no se atiende por falta
de profesionales especializados para llevar a cabo las valoraciones de este colectivo, hay un embudo
en las valoraciones de menores de 2 a 6 años, dando lugar a que muchos de ellos no sean valorados
hasta cumplir los 6 años, con la consecuente pérdida del derecho a percibir becas para tratamientos
y apoyos especializados de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y
Deportes. Esta situación es muy grave, ya que el no recibir la atención y estimulación necesaria a
una edad temprana, supone, a corto plazo, la incorporación al sistema de la Dependencia por lo que
la prevención en estos casos adquiere una importancia relevante. En cuanto a los retrasos en el
resto de los expedientes, en la actualidad éstos se sitúan en torno a los 2 años, situación que se
repite con la resolución de las solicitudes de la Renta Canaria de Ciudadanía.
En relación a Escuelas Infantiles, los Comités de Empresa denuncian que la Consejería ha
instaurado un modelo de abandono sistemático. La política de no sustituir bajas ni cubrir
jubilaciones está forzando el cierre de aulas en diferentes escuelas de las islas. Esto deja a decenas
de familias canarias sin plaza a mitad de curso, atacando directamente a la conciliación y el
desarrollo de los menores.
1.- Privatización encubierta de servicios: Un ejemplo de ello es, por ejemplo; en lugar de sustituir
al personal de cocina la Consejería está derivando dinero público a servicios externos de catering,
renunciando a la gestión directa y mermando la calidad del servicio.
2.- Existe una brecha inaceptable dentro del propio Gobierno. Mientras “Educación” abre aulas
de 0 a 3 años con matrícula gratuita en sus centros, “Bienestar Social” abandona los suyos y
además, cobra por ello. Los Comités exigen igualdad de trato, ya que un menor no puede perder su
derecho a la educación infantil solo por depender de una Consejería diferente.
En el área de Mayores, la Consejería está optando por la externalización de los servicios esenciales,
renunciando a cubrir las necesidades de personal mediante los mecanismos públicos existentes. No
se están realizando contrataciones a través de las listas de reserva que la propia Administración da
por agotadas sin proceder a su renovación o convocar nuevas ofertas de empleo, derivando
directamente la prestación del servicio a empresas privadas.
Especial atención requiere el Programa de Prevención y Protección de Menores en Canarias, que
atraviesa una situación crítica debido principalmente a una plantilla infradotada y obsoleta.
Actualmente existe un déficit global de 29 puestos sin cubrir en toda la Comunidad Autónoma. Esta
falta de personal se agrava con la finalización en diciembre de 2025 de los contratos del personal
temporal, sumado además a la pérdida constante de técnicos que no son sustituidos. La falta de
liderazgo y la inexistencia de un plan de trabajo hacen que se vulneren de forma escandalosa los
derechos de la infancia y las familias. Siguen sin contar con la participación de la plantilla y cuando
esta prima criterios técnicos por encima de las decisiones políticas se les aparta, siendo además, una
auténtica irresponsabilidad que no se haga la labor de fiscalización necesaria a las entidades
colaboradoras.
Esta precariedad, sumada a la escasez de medios materiales —como un sistema informático
inacabado que impide la trazabilidad de datos y la falta de vehículos para el traslado de menores
bajo protección—, ha llevado a la plantilla a una situación de saturación y «burn-out». El impacto
en la salud mental de los trabajadores es alarmante, con un alto número de bajas laborales que
refleja la gravedad del entorno. La consecuencia directa es un «maltrato institucional» hacia los

colectivos más vulnerables: menores sin seguimiento técnico, procedimientos de protección
ralentizados y familias que no son atendidas ni escuchadas, lo que ha provocado ya advertencias
de la Fiscalía por el incumplimiento de las obligaciones legales de la Administración.
Por todo ello, exigimos el cese del ‘apagón democrático’ en la Consejería y una inversión real en
servicios públicos. La protección de nuestros menores y el bienestar de nuestras familias no pueden
esperar a que la Administración decida, por fin, escuchar a sus trabajadores. Por una gestión pública,
digna y con recursos: ¡basta de precariedad!.