La Montañeta: cuando quienes deben educar y proteger trabajan al límite
Las denuncias de agresiones, falta de personal, bajas laborales y precariedad en el centro de internamiento de menores de Gran Canaria llevan más de un año acumulándose. El Gobierno asegura que existen protocolos, refuerzos y un preacuerdo laboral, pero los trabajadores sostienen que la situación continúa deteriorándose. Entre ambas versiones hay una realidad que exige transparencia, comprobación independiente y decisiones urgentes.
Por Vidal Bolaños
Hay lugares de los que la sociedad solo se acuerda cuando ocurre una tragedia. Espacios que funcionan lejos de las cámaras, habitados por realidades difíciles y sostenidos por profesionales cuyo trabajo rara vez recibe reconocimiento público.
El Centro de Internamiento Educativo para Menores, CIEM, de La Montañeta, en Las Palmas de Gran Canaria, es uno de esos lugares.
Dentro de sus instalaciones cumplen medidas judiciales menores y jóvenes que necesitan seguridad, educación, intervención psicológica, acompañamiento social y oportunidades reales de reinserción. Allí trabajan educadores, monitores, psicólogos, trabajadores sociales, personal sanitario, administrativo, de mantenimiento y de seguridad.
No estamos hablando de un centro de acogida convencional ni de un recurso destinado exclusivamente a menores migrantes. La Montañeta es un centro de justicia juvenil en el que se ejecutan medidas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico impuestas por los juzgados de menores.
El encargo oficial para 2026 establece que la Fundación Canaria de Juventud IDEO gestiona La Montañeta como medio propio de la Administración autonómica. El centro dispone de un máximo de 85 plazas, de las cuales 15 corresponden a la Unidad de Convivencia Educativa adscrita al recurso.
Pero detrás de esa descripción administrativa existe una pregunta que Canarias no debería seguir aplazando:
¿Quién protege a quienes tienen la obligación de proteger, educar y reinsertar?
Más de un año de protestas
Lo que está sucediendo en La Montañeta no apareció de repente en el verano de 2026.
El 25 de marzo de 2025, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, explicó en el Parlamento de Canarias que La Montañeta y Valle Tabares contaban con protocolos de actuación ante agresiones, planes de autoprotección, análisis anuales de riesgos, videovigilancia, comunicaciones de emergencia y refuerzo de la seguridad privada.
La consejera defendió entonces que las medidas adoptadas permitían que el personal educativo se centrara en la intervención socioeducativa, mientras los vigilantes asumían determinadas tareas de seguridad.
Sin embargo, apenas dos meses después, el 21 de mayo de 2025, cerca de medio centenar de trabajadores de La Montañeta se concentraron ante la sede del Gobierno de Canarias.
Reclamaban un refuerzo inmediato de la plantilla, contratos estables, actualización del complemento de peligrosidad y mejoras salariales. El Sindicato de Gremios Unificados advertía de que las condiciones laborales no solo afectaban a los empleados, sino también a la calidad de la atención que recibían los menores.
Las movilizaciones continuaron.
En septiembre de 2025, los trabajadores volvieron a concentrarse. A sus reivindicaciones añadieron el reconocimiento de su profesión como una actividad de especial peligrosidad y la consideración de determinadas categorías profesionales como figuras de autoridad. También denunciaron que sus salarios llevaban años sin experimentar mejoras estructurales más allá de las actualizaciones generales.
Por tanto, no estamos ante una queja puntual surgida después de un incidente aislado. Estamos ante una sucesión de avisos públicos, protestas, reuniones y demandas que se extiende durante más de un año.
Cuando los mismos profesionales se manifiestan repetidamente, cuando sus reclamaciones llegan a los medios y terminan siendo debatidas en el Parlamento, ya no puede hablarse de un simple malestar interno.
Estamos ante un problema institucional.
Las agresiones denunciadas
El relato se volvió aún más preocupante en junio de 2026.
Estefanía Grau Pineda, representante del comité de empresa de La Montañeta, aseguró públicamente que la situación había empeorado. Relató el caso de una trabajadora que habría sufrido una fuerte agresión y el de otro empleado que habría necesitado atención hospitalaria por contusiones, arañazos y hematomas.
También afirmó que existían trabajadores de baja como consecuencia de agresiones y que incluso parte del personal incorporado como refuerzo había terminado en situación de incapacidad temporal.
Estas afirmaciones proceden de la representación de los trabajadores. En las fuentes públicas consultadas no aparece un registro oficial actualizado que permita conocer cuántas agresiones se han producido, cuál ha sido su gravedad, cuántas han causado baja laboral o qué medidas correctoras se adoptaron después de cada episodio.
Esa ausencia de datos no invalida las denuncias, pero obliga a reclamar algo elemental: investigación, estadísticas verificables y transparencia.
Las agresiones no pueden convertirse en rumores que circulan entre trabajadores, declaraciones sindicales y respuestas políticas contradictorias. Deben constar, investigarse y analizarse.
La prevención de riesgos laborales exige conocer qué está ocurriendo, con qué frecuencia, en qué zonas, durante qué turnos, con qué dotación profesional y qué factores se repiten.
Sin información rigurosa no existe prevención. Solo reacción.
La falta de personal llega al Parlamento
El 7 de julio de 2026, la situación de La Montañeta llegó nuevamente al pleno del Parlamento de Canarias mediante una pregunta sobre la denunciada escalada de violencia, la falta de personal y la precariedad laboral. La iniciativa fue registrada oficialmente el 1 de julio y debatida y contestada seis días después.
Durante el debate se trasladaron datos aportados por el comité de empresa según los cuales algunos turnos que deberían contar con 28 profesionales estarían funcionando con entre 17 y 20. En horario nocturno, frente a una previsión de entre 15 y 17 trabajadores, la presencia efectiva se situaría, según esta versión, entre nueve y doce.
También se advirtió de que una plantilla insuficiente complica la atención de urgencias, episodios de autolesión, agresiones y protocolos de prevención del suicidio. Se afirmó, además, que parte del personal recién contratado abandona el puesto o decide no renovar debido a las condiciones de trabajo.
Estas cifras deben ser comprobadas oficialmente. No se puede presentarlas como ratios auditadas porque proceden de la denuncia trasladada por la representación laboral. Pero tampoco pueden ser despachadas como exageraciones sin que la Administración publique la planificación de personal y la presencia efectiva por turnos.
La respuesta del Gobierno fue diferente.
Candelaria Delgado rechazó que el centro estuviera fuera de control. Defendió que se actúa ante las agresiones y que se da traslado a la Fiscalía y a la autoridad judicial cuando corresponde. También anunció la existencia de un preacuerdo para el convenio colectivo de IDEO, con efectos económicos previstos desde el 1 de enero de 2026, pendiente de tramitación interna y dotación presupuestaria.
La consejera señaló igualmente que se habían creado mesas de trabajo sobre absentismo, contratación y ratios, y que se habían reforzado las bolsas de empleo.
Tenemos, por tanto, dos relatos.
Por un lado, trabajadores que describen falta de personal, inseguridad, cansancio, bajas y dificultades para cubrir vacantes.
Por otro, un Gobierno que asegura estar actuando, negociando y aplicando medidas.
La función del periodismo no es elegir una versión por simpatía. Es exigir las pruebas que permitan saber cuál es la situación real.
La disputa por el recorte salarial del 5 %
Una de las reclamaciones más persistentes se refiere a la recuperación del recorte salarial del 5 % aplicado en 2010.
Aquí también es necesario introducir una precisión jurídica.
En marzo de 2026, la diputada Elena Máñez defendió en el Parlamento que el personal de IDEO debía recuperar ese porcentaje y cuestionó las condiciones impuestas para negociar un nuevo convenio.
La consejera respondió que la sentencia del Tribunal Constitucional invocada no obligaba automáticamente a devolver ese 5 % al personal de las fundaciones públicas. Según explicó, la resolución afectaba a sociedades mercantiles públicas, no a fundaciones, y citó una sentencia posterior del Tribunal Supremo relacionada con IDEO.
No obstante, la propia consejera reconoció que el Gobierno había establecido una vía presupuestaria para negociar la recuperación dentro de un nuevo convenio colectivo y anunció que el 18 de marzo se había alcanzado un principio de acuerdo.
Por consiguiente, no debe afirmarse que existe una deuda judicial indiscutida y reconocida contra IDEO. Existe una controversia política, sindical y jurídica sobre la recuperación salarial, junto con un proceso negociador impulsado por el Gobierno.
La pregunta, a finales de julio de 2026, continúa siendo concreta:
¿Cuándo se aprobará definitivamente el convenio, qué mejoras incorporará, desde qué fecha tendrán efectos y qué cantidades percibirá realmente cada categoría profesional?
Los trabajadores no pueden vivir permanentemente de preacuerdos, mesas futuras y anuncios pendientes de tramitación.
¿Quién tiene la responsabilidad?
En problemas de esta naturaleza suele aparecer un peligroso juego de derivación de responsabilidades.
La Fundación IDEO puede señalar que depende de la financiación y de las decisiones del Gobierno. La Administración puede responder que IDEO es la empleadora directa. Mientras tanto, los trabajadores continúan entrando cada día en el centro.
La documentación oficial permite aclarar parte de esta cuestión.
El encargo de 2026 establece que IDEO es la empleadora del personal y que debe asumir la negociación y el pago de las retribuciones, el reconocimiento de derechos laborales, la gestión de permisos, las sustituciones y las obligaciones de prevención de riesgos laborales.
También señala que IDEO debe mantener un número suficiente y constante de profesionales y organizar las sustituciones necesarias durante vacaciones, incapacidades temporales y otras ausencias.
Pero eso no convierte al Gobierno de Canarias en un espectador.
La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias conserva la supervisión, el control y la inspección permanente de las actividades. La Consejería asume, además, determinados gastos relacionados con las obras, los sistemas de seguridad, la vigilancia y la seguridad privada de los centros.
El encargo contempla incluso un régimen de penalizaciones si la Dirección General aprecia incumplimientos por parte de IDEO. Las sanciones pueden afectar a una parte relevante de las cantidades que la fundación tiene derecho a percibir.
Por tanto, IDEO tiene responsabilidades laborales directas, pero el Gobierno conserva competencias de dirección pública, financiación, supervisión, inspección y seguridad.
No hay espacio para un intercambio interminable de excusas.
Un presupuesto que también debe explicarse
El Gobierno autorizó para 2026 un importe máximo de 29.438.029,36 euros destinado al conjunto del servicio de ejecución de medidas judiciales de menores gestionado por IDEO.
Esa cantidad no corresponde exclusivamente a La Montañeta. Financia el conjunto de programas, recursos y plazas de justicia juvenil incluidos en el encargo autonómico.
La existencia de presupuesto no demuestra, por sí sola, que la plantilla de cada centro sea suficiente ni que el dinero se esté distribuyendo de acuerdo con las necesidades reales.
Por eso deben publicarse datos desglosados:
¿Cuánto se destina específicamente a La Montañeta? ¿Cuánto corresponde a personal educativo, psicológico, social y sanitario? ¿Cuántas plazas presupuestadas están efectivamente cubiertas? ¿Cuánto se emplea en sustituciones? ¿Qué parte se destina a seguridad privada? ¿Cuál es la diferencia entre la plantilla planificada y la presencia real durante cada turno?
No se trata de revelar datos personales ni información que comprometa la seguridad del centro. Se trata de rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos y sobre un servicio que afecta a menores privados de libertad y a cientos de profesionales.
La necesidad de transparencia resulta todavía más evidente al comprobar que, en la página de la Fundación IDEO consultada en julio de 2026, la memoria identificada específicamente como “Justicia Juvenil” corresponde al año 2022. En el listado visible no aparece una memoria equivalente de justicia juvenil para 2023, 2024 o 2025.
Canarias necesita datos recientes, no fotografías administrativas de hace cuatro años.
Las instalaciones: una pregunta pendiente desde 2019
Existe otro antecedente que no debe olvidarse.
En abril de 2019, el propio Gobierno de Canarias anunció la construcción de un nuevo centro de internamiento para Gran Canaria. La nota institucional reconocía que las características arquitectónicas de La Montañeta limitaban el proceso educativo y que el nuevo recurso serviría para paliar las carencias de las instalaciones existentes.
Siete años después, el encargo oficial de 2026 continúa situando en La Montañeta uno de los dos grandes centros de internamiento de Canarias y le asigna hasta 85 plazas.
Las fuentes consultadas no permiten determinar claramente qué ocurrió con aquel proyecto, si fue abandonado, modificado, aplazado o sustituido por otra planificación.
La Administración debería explicarlo.
Cuando unas instalaciones fueron consideradas inadecuadas para el modelo educativo en 2019, no basta con guardar silencio en 2026. Hay que informar sobre las reformas realizadas, las deficiencias corregidas y las actuaciones todavía pendientes.
Proteger al trabajador no significa criminalizar al menor
La gravedad de las denuncias laborales no puede utilizarse para construir un discurso que deshumanice a los menores y jóvenes internados.
Quienes cumplen una medida judicial siguen siendo personas titulares de derechos. Muchos arrastran historias de abandono, violencia, consumo de sustancias, problemas de salud mental, fracaso educativo, pobreza o entornos familiares desestructurados.
La justicia juvenil no debe limitarse a encerrar. Debe educar, tratar, responsabilizar y ofrecer caminos de reinserción.
Pero esa misión resulta imposible cuando quienes deben llevarla a cabo trabajan con miedo, agotamiento o plantillas insuficientes.
Defender a los trabajadores y defender los derechos de los menores no son objetivos enfrentados.
Un centro con equipos estables, profesionales formados, atención psicológica suficiente, protocolos eficaces y condiciones laborales dignas es también un centro más seguro y más humano para los jóvenes.
Un educador asustado no puede educar con serenidad.
Un profesional agotado no puede intervenir con la atención necesaria.
Una plantilla incompleta difícilmente puede prevenir una crisis antes de que se convierta en una agresión.
Y un menor que vive en un entorno permanentemente tensionado tampoco recibe la oportunidad educativa que justifica la existencia de la justicia juvenil.
Lo que las instituciones deberían hacer ahora
La situación exige algo más que nuevas reuniones.
Primero, debe realizarse una inspección extraordinaria e independiente de las condiciones laborales, los riesgos psicosociales, las medidas de seguridad y la dotación efectiva de personal de La Montañeta. La evaluación debería contar con la participación de la Inspección de Trabajo, los servicios de prevención, la Dirección General competente y la representación laboral.
Segundo, deben publicarse datos anonimizados sobre agresiones, accidentes laborales, bajas relacionadas con incidentes, vacantes, rotación de personal, ocupación del centro y presencia efectiva por categorías y turnos.
Tercero, debe aprobarse un plan de contingencia para cubrir inmediatamente las ausencias. No es suficiente disponer de bolsas de empleo si las personas llamadas rechazan el puesto, abandonan durante el proceso o no permanecen por las condiciones ofrecidas.
Cuarto, cada trabajador agredido debe recibir asistencia sanitaria, psicológica y jurídica, además de seguimiento posterior. Una agresión no termina cuando desaparecen los hematomas. Puede dejar miedo, insomnio, ansiedad y dificultades para regresar al puesto.
Quinto, deben revisarse los protocolos ante agresiones, autolesiones, intentos de suicidio, crisis de salud mental y alteraciones colectivas. También debe evaluarse si los sistemas de comunicación y alarma funcionan correctamente y si todo el personal conoce su utilización.
Sexto, el Gobierno e IDEO tienen que publicar un calendario definitivo del nuevo convenio colectivo, explicar su financiación y detallar qué ocurrirá con la reclamación del 5 %, evitando anuncios ambiguos que prolonguen el conflicto.
Séptimo, debe aclararse el futuro de las instalaciones y el destino del nuevo centro anunciado en 2019.
Octavo, el Parlamento de Canarias debería realizar un seguimiento periódico y público de las medidas adoptadas. Una pregunta parlamentaria no puede convertirse en el final del control político, sino en su comienzo.
La huelga anunciada y el silencio posterior
En junio, la representación del comité de empresa advirtió de que se plantearía una huelga indefinida si durante julio no se alcanzaban soluciones.
Hasta el 29 de julio de 2026, las fuentes periodísticas e institucionales consultadas no ofrecen una confirmación suficientemente clara sobre el inicio, alcance, suspensión o desconvocatoria de esa huelga.
Esta falta de información pública debería corregirse.
La ciudadanía tiene derecho a saber si existe un conflicto laboral abierto en un servicio esencial de justicia juvenil, qué servicios mínimos se han fijado, cómo se garantiza la atención de los menores y en qué estado se encuentran las negociaciones.
No esperemos a lamentar lo que pudo evitarse
La Montañeta no puede seguir siendo noticia únicamente después de una protesta, una agresión o una intervención parlamentaria.
Las instituciones deben actuar antes de que se produzca un episodio irreversible.
Actuar no significa aceptar sin comprobar todas las afirmaciones sindicales. Significa investigarlas con seriedad.
Tampoco significa desacreditar de antemano la respuesta del Gobierno. Significa exigir que sus anuncios puedan medirse y verificarse.
¿Cuántos profesionales faltaban hace seis meses y cuántos faltan ahora? ¿Han disminuido las agresiones? ¿Se cubren las bajas? ¿Ha mejorado la atención psicológica? ¿Se ha aprobado el convenio? ¿Se han cumplido las ratios? ¿Se ha evaluado el edificio? ¿Se ha escuchado a quienes trabajan cada día dentro del centro?
Esas son las respuestas que faltan.
La sociedad canaria no puede pedir a un trabajador que entre en un centro complejo, que contenga una crisis, que evite una autolesión, que medie ante una agresión, que eduque, que escuche y que acompañe, mientras permanece indiferente ante sus condiciones laborales.
Tampoco puede abandonar a los menores a un sistema debilitado, porque cada oportunidad de reinserción que fracasa tiene consecuencias futuras para toda la comunidad.
La seguridad, la educación y la dignidad no pueden depender del sacrificio silencioso de una plantilla.
Quienes trabajan en La Montañeta no deberían tener que exponerse públicamente una y otra vez para ser escuchados.
Y las instituciones no deberían esperar a que ocurra una tragedia para reconocer que las advertencias estaban ahí.
Canarias todavía está a tiempo de actuar. Pero cada nueva demora hace más difícil justificar por qué no lo hizo antes.