La Comisionada de Transparencia da la razón aJuntos por Guía y ordena al Ayuntamiento entregar el expediente de la Planta de Biogás
La Comisionada de Transparencia exige a Alfredo
Gonçalves facilitar a Juntos por Guía, en un plazo de quince días, el
expediente solicitado hace seis meses sobre la Planta de Biogás en La
Atalaya
La Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
Canarias, órgano dependiente del Parlamento autonómico, ha dictado
una resolución a favor del presidente de Juntos por Guía, Pedro
Rodríguez, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Santa María
de Guía a su solicitud de información sobre la Planta de Biogás
proyectada en el barrio de La Atalaya.
Rodríguez había solicitado el pasado 18 de mayo de 2025 “cualquier
expediente administrativo existente en el Ayuntamiento sobre la Planta
de Biogás promovida por el grupo empresarial FSM”. Ante la ausencia
de respuesta del Ayuntamiento de Guía en el plazo legal de un mes,
presentó una reclamación el 15 de julio de 2025, que ha sido aceptada
por la Comisionada.
En su resolución, el órgano de control señala que el Ayuntamiento
incumplió los plazos y procedimientos establecidos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública al no facilitar el
expediente solicitado. Por ello, requiere a Alfredo Gonçalvez entregar a
Juntos por Guía toda la documentación sobre la Planta de Biogás, en un
plazo máximo de quince días hábiles, y a acreditar ante la Comisionada
el cumplimiento de la resolución.
El presidente de Juntos por Guía, Pedro Rodríguez, lamenta que los
concejales de la oposición se vean obligados una y otra vez a acudir a
la Comisionada de Transparencia para poder ejercer su derecho de
acceso a la información sobre los asuntos municipales. “Este
requerimiento vuelve a poner en evidencia la opacidad con la que el
alcalde y su grupo de gobierno están gestionando un asunto de enorme
repercusión social, como es la Planta de Biogás en La Atalaya”, señaló
Rodríguez.
Asimismo, la institución recuerda al Ayuntamiento de Santa María de
Guía la obligación legal de responder en plazo las solicitudes de
información pública, advirtiendo que el incumplimiento reiterado puede
constituir una infracción grave o muy grave, conforme establece la Ley.
